El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez, ha puesto en marcha esta semana un proyecto piloto en el partido judicial de Telde para la remisión telemática de los atestados policiales por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a los órganos judiciales de Canarias. Con esta medida se mejoran los tiempos de respuesta y se genera un mayor control y trazabilidad de los documentos, así como un menor espacio de almacenamiento.
Este proyecto se realiza a través de LexNet, plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y operadores jurídicos, con la que se consigue la remisión inmediata del atestado, simplemente pulsando un botón, y una vez enviado a su destino se integra en el expediente judicial correspondiente.
La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, explica que esta semana se ha realizado con éxito la primera remisión de atestados desde la Comisaría de la Policía Nacional de Telde al partido judicial, y destaca que con la puesta en marcha de esta experiencia piloto se continúa con la política permanente de modernización de la Administración de Justicia en Canarias con el objetivo de actualizar y mejorar los servicios públicos.
Bonnet afirma que la tramitación electrónica no puede ser una forma especial de gestión procesal, sino que debe constituirse como actuación habitual de las Administraciones Públicas. En esa línea, señala que el Gobierno de Canarias, en sus competencias en materia de justicia, viene aplicando una política permanente y específica basada en la eficiencia en los fines y en la utilización de los recursos, en la coordinación y colegiación de esfuerzos, la transparencia y la interoperabilidad de los sistemas tecnológicos.
Beneficios
Entre los beneficios de la remisión telemática de atestados policiales, para todas las instancias implicadas, está una mayor rapidez, puesto que existe una drástica reducción de los tiempos de recepción de la documentación, en este caso el atestado, ya que el órgano judicial dispone del mismo en el momento del envío.
Además, evita los desplazamientos físicos, reduce el papel y los costes asociados, y permite ahorro económico y de espacio, puesto que ya no es necesario el proceso de archivo físico. Asimismo, genera más seguridad, al existir una mayor garantía de integridad del expediente judicial y trazabilidad de los documentos, reduciendo los errores derivados de la gestión manual.
Aumenta también la calidad, ya que posibilita una mejor conservación de la información; permite realizar búsquedas y obtener indicaciones de mejora de la gestión, facilita la interoperabilidad de las comunicaciones entre todos los implicados, y ayuda al cumplimiento de la ley, en cuanto que genera documentos electrónicos con garantías.
De interés:
