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El Consejo de Gobierno aprobó ayer jueves 18 de marzo, la Estrategia para la transformación digital del servicio público de la Administración de Justicia en Canarias 2021-2023, que tiene como objetivos afrontar de manera óptima la situación derivada de la covid-19 y los retos futuros a los que se enfrenta la justicia.

Además, esta estrategia pretende consolidar los derechos y garantías de la ciudadanía, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio. Se trata de un documento que se alinea con el Plan Justicia 2030, promovido por el Ministerio de Justicia.

Dado que el escenario actual de las Administraciones Públicas viene principalmente determinado por la transformación digital y todas las consecuencias originadas por la crisis sanitaria de la covid-19, el Ejecutivo canario quiere dar respuesta con este nuevo instrumento a la exigencia de la sociedad para que la administración se sume al uso de las nuevas tecnologías. Pero, más allá aun, que reconecte con las personas administradas a través de nuevos canales y formatos más cercanos y útiles para la ciudadanía, ofreciendo así, un servicio público de mayor calidad.

La Estrategia tiene como misión contribuir a la prestación de un servicio público de justicia moderno, transparente, accesible y abierto a la ciudadanía, que actúe con agilidad, eficacia y calidad en la protección y defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Todo ello con métodos y procedimientos avanzados de menor complejidad, dentro del ámbito de competencias propio y en coordinación con el resto de instituciones competentes para dar respuesta a la situación provocada por la pandemia del coronavirus.

Este documento pretende ser el instrumento de los órganos judiciales y fiscales, así como de los y las profesionales de la justicia y de la ciudadanía, para ofrecer un servicio público moderno, de calidad, ágil, accesible y transparente y contribuir a la mejora del Estado social y democrático de derecho, garantizando la seguridad jurídica, el respeto de los derechos y libertades, el cumplimiento de las obligaciones y el desarrollo económico sostenible.

 

Operativa, abierta y participativa

Para diseñar la estrategia se ha realizado un análisis interno mediante encuestas al personal al servicio de la Administración de Justicia y un análisis externo, en el que se identificaron prácticas de interés en materia de respuesta a la covid-19 y de modernización de la justicia puestas en marcha en otras Administraciones Públicas del conjunto español.

Por ello, se ha elaborado un documento de carácter integral, operativo, dinámico, abierto y participativo. Tiene como finalidad definir las acciones necesarias para abordar de forma óptima el impacto que la crisis sanitaria de la covid-19 está generando en la Administración de Justicia de Canarias, entre otras cuestiones, la paralización de la actividad de los juzgados, el impulso de las nuevas formas de trabajo de las personas funcionarias o la necesidad de impulso a la relación por medios electrónicos.

Asimismo, pretende dar respuesta a los grandes retos a los que se enfrenta la Administración de Justicia en Canarias, como la modernización de instalaciones y sistemas; cooperación; gestión de piezas de convicción y depósitos judiciales o fortalecimiento de los recursos humanos y materiales.

Esta nueva estrategia pretende dar cumplimiento a los compromisos establecidos por el Ejecutivo de Canarias en el Acuerdo para un Gobierno de Progreso y de Cambio para Canarias relativo a la defender la regeneración política y la modernización de las administraciones públicas. Además, el documento incluye las correcciones necesarias respecto de las áreas de mejora y oportunidad identificadas en el proceso de evaluación de la estrategia 2017-2019, especialmente en lo relativo a llevar a cabo un proceso de elaboración abierto, participativo y realista.

 

Sistema de objetivos

El planteamiento de la estrategia se basa en los valores de gestión orientada a resultados que mejoren la calidad de vida de las personas, estableciendo un sistema de objetivos evaluado periódicamente; liderazgo y compromiso con la calidad, promoviendo la innovación y mejora continua; sentido de pertenencia a la organización y trabajo en equipo, buscando alianzas que persigan los mismos fines y coordinando actuaciones, así como mejora de la comunicación interna y externa, de colaboración y cooperación.

La responsabilidad y rigor profesional en el trabajo desarrollado, la integridad, ética profesional y respeto al Código de Conducta de los empleados públicos; la potenciación del conocimiento compartido, y la creencia en la necesidad de adecuar su organización y desarrollo a la realidad social, son otros de los valores en los que se basa la estrategia.

El documento contempla cuatro ejes estratégicos:

  • Eficiencia y profesionalidad en la prestación de servicios.
  • Transformación digital y seguridad de la información.
  • Comunicación y relaciones
  • Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico.

Los cuatro ejes contienen doce objetivos estratégicos y 46 acciones, con su temporalización y con indicadores asociados, tipo de línea y fase.

El coste total del proyecto asciende a 11.500.000 euros.

 

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  • Última actualización: 24 Junio 2021