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ciudad justiciaEl Gobierno de Canarias aprobó ayer, a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, la Estrategia de Modernización de la Administración de Justicia en Canarias 2017-2019, que determina los objetivos y las líneas a desarrollar para alcanzar un servicio público de justicia transparente y abierto a la ciudadanía que actúe con agilidad, eficacia, eficiencia y calidad, con métodos modernos y procedimientos normalizados, en el marco de una dirección pública profesionalizada y orientada a resultados.

La estrategia se apoya en ocho objetivos de resultado (calidad, accesibilidad, transparencia, cooperación, agilidad, capacidad de resolución, homogenización de actuaciones y satisfacción ciudadana) que, a su vez, se desarrollan a través de seis líneas estratégicas:

  • la creación de una oficina de proyecto de apoyo a la estrategia,
  • el diseño de un nuevo modelo organizativo tipo de la actividad judicial y fiscal,
  • el despliegue de un programa de implementación de las oficinas judiciales y fiscales en los partidos judiciales que cuenten con edificios e instalaciones adecuadas,
  • completar el desarrollo de la aplicación procesal Atlante II,
  • fomentar la cooperación y colaboración con otros órganos, administraciones e instituciones para alcanzar mejores resultados, y
  • aprobar el plan de infraestructuras judiciales 2016-2023 para contar con edificios adaptados al nuevo modelo organizativo de oficina judicial y fiscal.

Cada línea estratégica incluye sus respectivos objetivos estratégicos, objetivos operativos y acciones con fechas de inicio y finalización, acciones, indicadores, resultados esperados y recursos asociados en el período 2017-2019. No obstante, las actuaciones son prorrogables hasta 2020, y algunas se iniciaron en 2016 dentro del acuerdo de gobernabilidad de Canarias.

En junio de 2016 se encomendó a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad que iniciara la tramitación de la estrategia dando participación y estableciendo un diálogo abierto con todos los operadores jurídicos, profesionales de la justicia e instituciones competentes para conciliar y consensuar su contenido, de forma que se convierta en la agenda común para convertir la Administración de Justicia en Canarias en un servicio público de referencia a nivel nacional y europeo.

En atención a este acuerdo, se abrió un proceso participativo en el que se recabaron observaciones y propuestas de las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Justicia, de la Comisión Mixta con el Tribunal Superior de Justicia, de la Comisión Mixta con la Fiscalía General del Estado, de la Comisión Mixta de coordinación con el Cuerpo General de Letrados de la Administración de Justicia y de la Comisión de Participación y Asesoramiento donde se encuentran representados todos los profesionales de la justicia que prestan servicios en Canarias.

 

Información de interés: 

 

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  • Última actualización: 22 Enero 2021